12/06/2019 | El gobernador Verna firmó el decreto de instrucción al fiscal de Estado, luego de cumplirse los 120 días de plazo otorgados por al Corte Suprema. Son más de 4 mil millones de pesos. El gobernador Carlos Verna firmó el decreto Nº2228/19, con fecha de 10 de junio, en donde instruye al fiscal de Estado a que inicie la demanda contra el Gobierno Nacional para que éste pague la deuda por la retención irregular de la coparticipación, luego de haberse cumplido los 120 días otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Verna ya había adelantado la decisión de iniciar la demanda durante sus declaraciones posteriores al brindis por el Día del Periodista, el pasado 7 de junio. El 6 de novimbre del año pasado, la CSJ ordenó al Estado Nacional devolverle fondos coparticipables a La Pampa por la retención del 1,9% que realizaba para financiar a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Las partes -Nación y provincia de La Pampa- debían ponerse de acuerdo sobre el monto, la forma y los plazos en que se reintegraban la sumas adeudadas. Y tenían 120 días para ponerse de acuerdo. Ese plazo venció la semana pasada. El único acuerdo arribado entre las partes fue el monto de deuda: 4.100 millones de pesos al mes de noviembre de 2018. Nunca pudieron acordar un modo de devolución de ese dinero. Nación mantuvo reuniones en tres oportunidades con los representantes pampeanos, fueron los días 6 de diciembre de 2018, 8 de enero y 11 de marzo de 2019. Durante esos encuentros no fue posible llegar a un acuerdo en cómo debían reintegrarse las sumas debidas y sus intereses. Además, el 11 de marzo de 2019 Nación dio por finalizadas las negociaciones y ahora "se niega a firmar el acta que diera cuenta de tal hecho dejando al descubierto, una vez más, la falta de predisposición del Estado Nacional de considerar las pretensiones en materia de cálculo de intereses y formas de pago mantenidas por la Provincia de La Pampa y formular una propuesta conciliatoria acorde a los términos establecidos por la sentencia emitida por la Corte Suprema de la Justicia Nación", se indicó a través de un comunicado de prensa. "Habiéndose cumplido el pasado 10 de junio el plazo de 120 días otorgados por la misma, y encontrándose hablitada la vía de la ejecución de sentencia, el gobernador de la Provincia, Carlos Verna, firma el decreto N°2228/19, en el marco de las atribuciones emergentes del artículo 81 incisio 14) de la Constitución Provincial en tanto faculta al Poder Ejecutivo a 'tomar todas las medidas para hacer efectivas las declaraciones, derechos, deberes y garantía de esta constitución…'”, añadió. "Se instruye al fiscal de Estado para que inicie las acciones judiciales que estime convenientes a fin de ejecutar la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha de 6 de noviembre de 2018, en los autos caratulados La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía de la Nación) s/ acción de inconstitucionalidad, Expediente Nº933/2007", agregó el mismo escrito oficial. Decisión política El gobernador Carlos Verna resolvió iniciar un juicio para reclamar el reintegro de las sumas retraídas más los intereses desde el 31 de diciembre de 2005. La demanda fue presentada el 26 de febrero de 2016. La presentación de La Pampa fue una decisión política en el medio de la pulseada con el Gobierno nacional. En agosto de 2016 se firmó una carta de intención entre las provincias (incluída La Pampa) y la Nación. En concreto, la provincia promovió una “acción declarativa” en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra el Estado Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078 “en lo atinente a la prórroga allí dispuesta de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), pactada originalmente en la cláusula primera del ‘Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales’ del 12 de agosto de 1992, ratificado por la ley 24.130”. Y pretedente “el reintegro de las sumas detraídas o retenidas con fundamento en las normas impugnadas, más sus intereses, con arreglo a las pautas distributivas e índices de coparticipación que le corresponden según lo establecido en la ley 23.548, desde el 31 de diciembre de 2005 hasta la fecha de sentencia”.